El Distrito Escolar Independiente de San Antonio (SAISD) aprobó una estricta política derivada de la ley estatal HB 1481 que prohíbe el uso de celulares, relojes inteligentes y dispositivos similares durante toda la jornada escolar, incluyendo pasillos, recesos y horas de comida, salvo en casos excepcionales de salud, discapacidad o seguridad previamente documentados. La normativa, que deberá aplicarse obligatoriamente a partir del 1 de septiembre de 2025, establece sanciones progresivas que inician con una advertencia verbal y pueden escalar a la confiscación del dispositivo —que deberá ser recogido por los padres—, suspensión interna o incluso la prohibición de portar dispositivos durante el resto del ciclo escolar. Para garantizar su cumplimiento, las escuelas han comenzado a implementar medidas prácticas como sobres sellados, casilleros designados o estuches de bloqueo magnético (pouches) en los que los estudiantes guardan sus teléfonos durante el día; además, se han destinado fondos estatales para ayudar a los distritos a adquirir este tipo de herramientas y asegurar que los dispositivos permanezcan fuera de uso en los salones. La medida busca reducir distracciones digitales, fomentar la concentración en clase y promover una mayor interacción entre estudiantes y maestros, aunque al mismo tiempo ha generado opiniones divididas: mientras algunos padres apoyan la iniciativa por considerar que fortalece el aprendizaje, otros expresan preocupación por la dificultad de comunicarse con sus hijos en casos de emergencia.